Tema: Adquirente de Buena Fe


///Salvador de Jujuy, a los        días del mes de mayo     de 2.008, reunidos los Sres. Vocales de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy, Dres. LILIAN EDITH BRAVO  y ENRIQUE ROGELIO MATEO –por habilitación-, bajo la presidencia de la nombrada en primer término vieron el Expte. Nº 9984/08 “Incidente Recurso de Apelación en Expte. Nº A-75.054/93: Quiebra Indirecta de María Rosa Lizárraga, Francisco Hugo Castro y otros, interpuesto por Dr. Roberto Domandl“, del cual dijeron:

         Se inaugura esta instancia procesal a mérito del recurso de apelación interpuesto a fs. 1/21 por el Dr. Roberto Domando por derecho propio, en contra de las resoluciones de fecha 24 de agosto de 2.007 y su aclaratoria de fecha 7 de septiembre de 2.007.

         Se agravia el apelante en cuanto se declara ineficaz y/o inoponible de pleno derecho a la quiebra, la transmisión de dominio hacia el suscripto, del inmueble ubicado en calle Los Manantiales nº 684 Barrio Chijra y el contrato de locación celebrado por él y por que se ordena que los cánones locativos se depositen a la orden del juzgado.

         Relata los antecedentes del caso y manifiesta que la sentencia es apelable y que  inaudita parte y en violación de sus derechos, se avasalló su derecho de propiedad.

Sostiene que adquirió de buena fe a título oneroso por escritura pública un inmueble de propiedad de Victoria Valdiviezo, quien lo había adquirido de Carlos Alberto Castro también por escritura pública inscriptas en el Registro Inmobiliario. Señala que en el momento de la adquisición, el inmueble estaba alquilado a la Dirección General de Gendarmería y que al finalizar el contrato, él celebró uno nuevo el 22 de junio de 2.006 con el mismo organismo, lo que demuestra que detentó la posesión pública y pacífica, hasta que el 31 de julio de 2007 se presentaron en su propiedad, un oficial de Justicia y el síndico de la quiebra en cumplimiento de una orden judicial, requiriendo la entrega del bien a sus inquilinos. Tres días más tarde, le ordenaron a los locatarios el depósito de los alquileres como pertenecientes a la quiebra.

         Manifiesta que la sentencia desconoce la normativa vigente aplicable al subadquirente. Cita doctrina y sostiene que se realizó una interpretación irrazonable de los arts. 1.051 y 979 del C.Civil. 

Manifiesta que no se puede hablar de una pretendida publicidad por edictos efectuada 13 años antes del acto de transmisión a favor del suscripto y que no se informó al Registro de la Propiedad Inmueble la apertura del concurso preventivo ni la inhibición general de bienes de los entonces concursados.

Insiste en que su parte cumple con todos los requisitos previstos en el art. 1051 para que se ampare su derecho. Formula reserva de plantear acciones legales en contra de la primer adquirente, de los fallidos, de los funcionarios del concurso, del Juzgado actuante y del Estado provincial y el caso federal.    

         Sustanciado el recurso de  apelación, comparece a fs.  23 el síndico Julio Rosas con el patrocinio letrado del Dr. Roberto Marcelo Savio, quien se opone al progreso del recurso. Expresa que la discusión radica en la posibilidad de aplicar la tacha de ineficacia a actos de disposición realizados por los ahora fallidos de bienes inmuebles en perjuicio de los acreedores. Dice que la apelación fue presentada fenecido el plazo y que los actos realizados violaron lo dispuesto por el art. 16 de la ley 24.522 por lo que de pleno derecho no surten efecto respecto de la masa de acreedores. Considera reprochable impugnar la ficción legal del conocimiento de la situación de concurso y posterior quiebra que fue debidamente publicada mediante edictos, aplicable a toda situación vinculada con el proceso concursal. Expresa que los fallidos han actuado en perjuicio de los acreedores al vaciar el patrimonio por lo que debe declararse la ineficacia de los actos cumplidos aún frente a adquirentes de buena fe. Dice que la ineficacia de pleno derecho no se purga por el paso del tiempo (13 años) puesto que la publicidad del estado de concurso sigue vigente hasta la clausura del proceso y levantamiento de quiebra.

Concedido el recurso, son elevados los autos. Firme la providencia de integración, procede dictar sentencia sin más trámite.

Que en la sentencia de fecha once de febrero de 2.008 dictada por esta Sala II, en Expte. Nº 9878/07: "Recurso de queja interpuesto por el Dr. Roberto Domandl en el Expte. Nº A-75.054/93: Quiebra indirecta de María Rosa Lizárraga, Francisco Hugo Castro, Carlos Alberto Castro y otros” se admitió el recurso de queja y se concedió el recurso de apelación.

Constan en las actuaciones que se tienen a la vista, que en el presente proceso se declaró abierto el concurso preventivo el veintiuno de setiembre de 1993 (fs. 69/70) y posteriormente se declaró la quiebra indirecta. De acuerdo a art. 14 de la ley 19.551, la resolución de apertura del concurso, dispuso entre otras cuestiones, la inhibición general de bienes de los concursados conforme el inciso 8º) y en el punto 9) ordenó el libramiento de oficios a la Dirección General de Inmuebles, Registro Nacional del Automotor y Registro Público de Comercio. En el punto 13) el juez actuante dijo: “concédase a los presentantes dar cuenta del diligenciamiento de todos los oficios emitidos en el término de cinco días”.

Los síndicos sorteados resultaron en primer lugar el C.P.N. Marcos Enrique Calachi como titular y como suplentes el C.P.N. Julio César Ramón Rosas y el C.P.N. Florentino A. Meriles ( fs. 72, 76 y 99 ).

El Dr. José María Palomares era el letrado de los concursados según poder general para juicios obrante a fs. 80/81. Los oficios diligenciados son los siguientes: a Gendarmería Nacional (fs. 85/86); Policía de la Provincia ( fs. 87/ 88); Marcas y Señales (fs. 93); Dirección Nacional de Migraciones (fs. 96); Dirección General de Rentas (fs. 114 ); Dirección General Impositiva (fs. 115); Municipalidad (fs. 117); Policía Federal (fs. 118); Juzgado de Comercio y demás Juzgados (fs. 114/144), los que fueron presentados por el Dr. Palomares. No consta ni el libramiento por parte del juzgado, ni el diligenciamiento por el letrado del concursado de los oficios a la Dirección de Inmuebles, al Registro del Automotor y al Registro Prendario, a pesar de la orden impartida.

Luego de diversas dilaciones, recién el 5 de agosto de 1.996 se dicta la sentencia de verificación de créditos (fs. 343/345). La junta de acreedores no se realizó por reiteradas suspensiones.

El 15 de diciembre de 1.997 se disuelve el Juzgado en el que tramitaban los autos, los que pasan por una redistribución de causas al Juzgado Nº 2, Secretaría Nº 3, que recibe el expediente el trece de marzo de 1998 (fs. 366 y vta.).

El 10 de agosto de 2.001 obra un pedido de quiebra (fs. 384). Se deja sin efecto la designación del síndico titular (fs. 390). Se designa al C.P.N. Julio César Ramón Rosas quien el 25 de febrero de 2002 pide se regularicen las etapas procesales inconclusas. Dado el tiempo transcurrido, estima que corresponde se aplique la nueva ley de concursos y conforme a la cual deben fijarse las fechas para que los concursados presenten propuesta de categorización de acreedores, se elabore el Informe General y se fije el período de exclusividad para que se formulen las propuestas de acuerdo preventivo (fs. 421). A fs. 422 el 28 de febrero de 2.002 se resuelve en forma favorable lo solicitado por el síndico y se encausa el trámite, fijándose las etapas a cumplir conforme la ley 24.522.

         Luego de realizadas diversas etapas del concurso preventivo, el 2 de julio de 2.007 se declara la quiebra de los concursados (fs. 636/637).

A fs. 712 el 12 de julio de 2.007 el síndico se presenta e informa que en Oficialía de Justicia se ha dado turno para realizar la incautación de los bienes para después de la feria judicial.

En julio de 2.007 el Registro Inmobiliario toma razón de la inhibición general de bienes (fs. 713) y el 31 de julio se ordena al síndico realizar la incautación de los bienes de manera urgente (fs. 715). Ese mismo día, el síndico constata la existencia de la locación por parte de Gendarmería Nacional del inmueble ubicado en calle Los Manantiales Nº 648 y que la propiedad es alquilada al Dr. “Dumont” actual propietario (fs. 739 e informes de Oficialía de Justicia de fs. 726; 729 y 731). A fs. 733/ 737 el sindico adjunta la publicación de los edictos en un diario local.

         Luego de que Secretaría informara que uno de los concursado el C.P.N. Francisco Hugo Castro ha fallecido y que los inmuebles de los concursados habrían sido enajenados, por providencia de fecha 01 de agosto de 2.007 se resuelve declarar ineficaces de pleno derecho los actos de enajenación realizados por los concursados y se ordena al síndico que incaute los bienes con habilitación de días y horas, que haga saber a los inquilinos de la ineficacia del contrato de locación, que entreguen la documentación pertinente y que los alquileres se depositen como perteneciente a estos autos y a la orden del juzgado.

A fs. 762 el síndico informa sobre la incautación de los bienes y da cuenta de los cambios de cerraduras, etc. Las actas de cumplimiento constan a fs. 794; 796; 798; 807 y 810.

A fs. 776/ 786 se presenta el Dr. Roberto Domandl y solicita el levantamiento de cualquier medida sobre el inmueble ubicado en calle Los Manantiales Bº Chijra en su carácter de propietario del mismo, acompaña escritura pública Nº 07 de fecha 7/02/06 por la que la Sra. Victoria Valdiviezo le vende el inmueble adquirido por compraventa al Sr. Carlos Alberto Castro en fecha 3 de enero del 2.006. Acompaña también contrato de locación con Gendarmería Nacional.

Del relato efectuado se advierte que no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 14 incs. 7) y 8) ley 19.551, esto es la orden de registrar la apertura del concurso preventivo y “la inhibición general para disponer y gravar bienes registrables del deudor y, en su caso, los de los socios ilimitadamente responsables, debiendo ser anotadas en los registros pertinentes”. La ley vigente 24.522, en lo fundamental establece similares normas, relativas a la inscripción de la inhibición general para disponer y gravar bienes registrables del deudor y la anotación en los Registros.

A  fs. 832/834 rola escritura de compraventa nº 102 celebrada el 19 de marzo de 2.004 entre Francisco Hugo Castro y María Rosa Lizárraga como vendedores y Débora Lorena Yerrich como compradora, de dos inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal en el edificio ubicado en calle Belgrano 777 y Necochea individualizados como unidad funcional “A” padrón A-46.889 y unidad funcional “A-1” padrón A-46.890. Transfieren las unidades a título de venta por dinero recibido al contado en presencia de la escribana, encontrándose la compradora en la posesión real y efectiva de los inmuebles. En dicha escritura bajo la denominación, legitimaciones notariales, en el capítulo relativo a la situación registral la escribana hace constar: “Del certificado Nº 2330 expedido por el Registro Inmobiliario en fecha 9/03/2004, se desprende: a) Que consta el dominio inscripto a nombre de los vendedores en la forma relacionada, sin inhibiciones.-“. A fs. 831 vta. rola copia del certificado de inhibición y dominio nº 2330, en el que el Registro Inmobiliario informa que los titulares del dominio no se encuentran inhibidos para disponer de sus bienes.

A fs. 776/777 rola escritura de compraventa nº 7 celebrada el 7 de febrero de 2.006 entre Victoria Valdiviezo  como vendedora y Roberto Domandl como comprador de un inmueble, que le pertenecía a aquella, por compra que hiciera a Carlos Alberto Castro mediante escritura pública nº 2 del 3 de enero de 2.006, inscripta en el Registro Inmobiliario el 17 de febrero de 2.006. A fs. 778/783 rola el contrato de locación celebrado en junio de 2.006 con la Dirección General de Gendarmería.

El 2 de julio de 2.007 se declara el estado de quiebra de Carlos Alberto Castro, Carlos Alberto Castro (h), Francisco Hugo Castro, María Rosa Lizárraga de Castro y Francisco Hugo Castro (h) (fs. 636/637).

El 1 de agosto de 2.007 a fs. 741 y vta. se resolvió declarar la ineficacia de pleno derecho respecto de los acreedores, de los actos jurídicos de venta de los inmuebles del acervo o patrimonio de los concursados y que se cumpla con la incautación de los bienes dispuesta en la sentencia de quiebra.

A fs. 917 rola la sentencia dictada el 24 de agosto de 2.007 que resuelve no hacer lugar a lo peticionado por el Sr. Roberto Domandl (fs. 784/786) por considerar que los entonces concursados, tenían pleno conocimiento de que les estaba prohibido ejercer actos de disposición sin la autorización expresa del juez y conocimiento del síndico y comité de acreedores, por lo que esos actos resultan ineficaces de pleno derecho respecto de los acreedores del concurso. Refiere “por otra parte como bien dice el Sr. Síndico designado en autos, según constancias de autos, se dio la publicidad de ley necesaria a los fines de que la comunidad toda tomara conocimiento de la iniciación y prosecución del presente proceso concursal”. “La omisión de haber inscripto la inhibición del fallido en el registro de la jurisdicción en la que se situaban sus bienes, no impide que se declare la INEFICACIA de la venta realizada por éste luego de la declaración de falencia, pues la publicación de edictos practicada en los términos del art. 89 de la LCyQ es suficiente publicidad (ADLA-LIV-D-4381).”.

Considera la juez a quo, ineficaces los actos a la luz de los arts. 16, 17 y desestima la aplicación del art. 1.051 del Código Civil. Subraya en el texto: “Pero si el acto no es nulo sino inexistente o ineficaz, no cae bajo el imperio de esta norma y al declararlo no ocurrido ni celebrado, es obvio que tal declaración repercute sobre las transmisiones sucesivas, privándolas de efectos”.

         Que planteados así los hechos, aparece claro que el apelante es uno de los “terceros” a los que alude el art.1051 del Código Civil.

Cabe recordar que el art. 1051 dice que "todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietaria en virtud del acto anulado quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual". La ley 17711 agregó a continuación el siguiente párrafo: "salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe a título oneroso, sea el acto nulo o anulable".

Este derecho singular, apartándose de la regla del nemo plus iuris consagrada en el art. 3.270 del Código Civil, extiende su aplicación a todos los supuestos comprendidos en el fin de la norma  contenida en el art. 1.051, modificando como consecuencia de su aplicación el texto de normas legales incompatibles con aquélla, tales como los supuestos contemplados en los arts. 2.777 y 2.778 del Código Civil. La finalidad de la reforma y, por tanto la del art. 1.051, se halla claramente expresada en la nota de elevación de la ley 17.711, que dice así: "Uno de los aspectos importantes de la reforma proyectada es la protección de los terceros titulares de derechos adquiridos de buena fe y a título oneroso, frente a los vicios no manifiestos que pudieran tener los antecedentes de tales relaciones" (ver nota elevatoria de la Comisión de Reformas, ED 21-963, y colaboración de Lloveras de Resk, María E., en Bueres y Highton, "Código Civil...", t. 2-C cit., comentarios al art. 1051). Por lo tanto, el nuevo texto del art. 1.051 intenta amparar a quien habiendo adquirido un derecho por un título con un antecedente de un acto nulo o anulable no le es posible conocer el vicio a pesar de su conducta diligente. Si el vicio del acto antecedente consiste en un negocio jurídico materialmente falso, oculto en el título que se transmite, la ley ha optado por proteger al tercer adquirente de buena fe no estableciendo ninguna excepción en cuanto al carácter del vicio de que se trata.

Significa lo expuesto, que el fin de la norma es proteger a los terceros adquirentes cuando no les es posible conocer el vicio a pesar de su conducta diligente.

El tercer adquirente que la ley protege es el que no participó del acto viciado. En nuestro caso, el accipiens o la persona que ha llegado a ser propietario en virtud de un acto prohibido por la ley concursal, es Débora Lorena Yerrich, a quien se le puede oponer la ineficacia de pleno derecho de la compra de los inmuebles, respecto a la masa de acreedores.

Llambías se refiere al tercero adquirente, como el sujeto que no puede verse perjudicado por la repercusión de nulidad o pronunciamiento de anulación del “acto que constituye el antecedente de su título” (conf. “Estudio de la reforma del C. Civil”. Ley 17.711, pág. 68). Para Belluscio, “La protección se extiende, por lo tanto a dichos terceros ajenos al acto nulo”. La aplicación de la última parte del art. 1.051 supone una anterior adquisición por acto nulo y una posterior adquisición onerosa de buena fe; esta última es la tutelada impidiéndose sobre ella la reivindicación. (Código Civil, T. 4 comentario al art. 1051).

         En suma, el art. 1.051 ampara las adquisiciones de buena fe a título oneroso únicamente de los sub-adquirentes, entendiéndose por tales los que adquieren de manos de otro adquirente que ha llegado a ser propietario del acto anulado”. (ver Belluscio, ob. cit.).

La norma en cuestión, se aplica en aquellos casos de transmisiones precedentes nulas o anulables, es decir, cuando el verdadero propietario ha intervenido efectivamente en el acto, aunque dicha intervención pueda estar viciada.

En su última parte el artículo, en su literalidad no protege a los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso sino cuando su título emanare de un acto nulo o anulable, no contemplando la hipótesis del acto inexistente. Y de ahí que se haya sostenido, que en ese supuesto el tercero no puede ampararse en el art. 1.051 para repeler la acción reipersecutoria del propietario despojado (v. Borda, op. cit., p. 436, n. 1279). La Sra. juez a quo, entiende que ese es el supuesto de autos. Ese caso es el del “acto inexistente”, donde la adquisición es a “non domino”, pues quien vende no es el propietario.

Por el contrario, en el caso sub examine quienes realizan la primera y la segunda ventas, son los propietarios de los inmuebles. Tenían el título, tenían la posesión, tenían registrado a su nombre el dominio y no pesaba sobre ellos ninguna inhibición ni restricción para vender. 

         Para lograr la protección que brinda el art. 1051, el tercero que adquiere un inmueble a título oneroso, debe tener buena fe en el origen de su posesión. La buena fe se presume y no existen constancias en la causa,  que permitan inferir que el apelante tuvo mala fe al adquirir el inmueble. Ni la juez a quo ni el síndico, indican elementos que hagan suponer mala fe en el Dr. Domandl.

Fernando López de Zavalía señala: “El poseedor debe estar persuadido de que existe el título, el modo, el derecho de dominio en el enajenante, su derecho a transmitirlo, y de que no hay vicios en la transmisión. Si de algunos de esos extremos no está persuadido, es de mala fe” (cfr. Derecho Reales T I ed. Zavalía 1.989 pág. 443).

La persuasión de la legitimidad y la convicción debe reposar sobre la ignorancia o error de hecho, excusable (arts. 2.356 y 929 CCiv.). Va de suyo además, que semejante persuasión es inútil cuando no medió también un obrar razonablemente diligente, con cuidado y previsión (art. 1.198 C.Civil).

Cuando el comprador se preocupa de verificar las condiciones del título, de inquirir su bondad, la mejor prueba de tal preocupación estará dada por la realización del estudio de los antecedentes dominiales del inmueble (Highton, Elena I., "Solución a algunos problemas que plantea el art. 1051 CCiv.", en LL 1980-D-290 y ss.).

La realización del estudio de títulos en el caso de autos es un soporte imprescindible de la alegación de la buena fe por el adquirente, criterio que cuenta con significativo apoyo doctrinario y jurisprudencial (conf. Alterini, Atelio A., "Estudio de títulos", en LL 1981-B-858, y nota 8; Trigo Represas, Félix A., "Protección de subadquirentes" (art. 1051 Ver Texto CCiv.), en Revista Jurídica de San Isidro 17 (julio-diciembre 1981); amén de la opinión de Llambías "Cód. Civ. anot.", t. II-B, p. 243., citado en el fallo; y en igual sentido, C. 2ª Civ. La Plata, sala 3ª, "Cassataro v. Pcia. de Bs. As.", del 16/3/1993; C. Nac. Civ., sala D, "Quiroga v. Inversiones Inmobiliarias S.A.", del 18/5/1994).

La índole de nuestro sistema registral inmobiliario, no significa certeza sobre la bondad de los antecedentes de la titularidad, pues la inscripción no convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciere según las leyes (art. 4 ley 17801). (cfr. Alterini, Atilio, "Estudio de títulos" LL 1981-B-861).

La intervención de los notarios, las certificaciones  expedidas por el Registro de la Propiedad Inmueble consignando el estado jurídico de los bienes y de las personas según las constancias registrales (art. 23 ley 17801) por el lapso de la prescripción larga, permiten inferir la buena fe del adquirente.

De las constancias de la causa, surge que la inobservancia de las normas concursales incurridas en este proceso, son las que posibilitaron que la información que brindó el Registro de la Propiedad Inmueble no correspondiera con la real situación jurídica de los concursados, esto es, que sobre ellos pesaba la inhibición general para disponer y gravar sus bienes.

Se comprueba así, que de acuerdo a los hechos fijados, el  apelante tiene “título” suficiente pues presenta “justa causa de dominio”. Se encuentra debidamente configurada así, la condición esencial para la revocación de la resolución apelada, cual es la inexistencia de presunción "iuris" de fraude del tercero, pues no hay elementos de juicios que permitan sospecharlo (cfr. García Martínez-Fernández, "Concursos y quiebras", t. 1, p. 808/9, 1976).

En un juicio que guarda cierta similitud con el de autos, en la sentencia de fecha 4 de diciembre de 2.006, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de la provincia de Jujuy en Expte. Nº B-100.489 caratulado: “Ordinario por daños y perjuicios: Maldonado, José Miguel c/ Estado Provincial” expresó en un caso de  concurso preventivo derivado en quiebra, en el que en dos oportunidades se dispuso librar oficios al Registro Inmobiliario a fin de inscribir la inhibición del concursado y posterior fallido, y no fueron diligenciados: “… no puede argumentarse que con la publicación de edictos se subsana la falta de inscripción registral del estado de inhibición de bienes que pesaba sobre el quebrado”.    

En dicho proceso, en Expte. nº 5138 del Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía General en su dictamen del 17 de setiembre de 2.007 señaló: “Tampoco resulta justificativo lo afirmado por el estado provincial en el punto III) de fs. 12/13, en el sentido de que el estado falencial era de conocimiento público en virtud de haber sido publicado en los diarios correspondientes, por cuanto la publicación de edictos y la anotación de las inhibiciones obedece a razones distintas. Así, el primer caso tiene como objetivo poner en conocimiento de los acreedores la apertura del concurso con la finalidad de que ellos verifiquen sus créditos, como así también notificar a terceros para que tengan en cuenta sus efectos sobre la futura administración del concursado; en cambio el segundo caso tiene por finalidad evitar la desaparición de bienes”. El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de cámara y dejó sentado que “comparte las demás consideraciones vertidas en el mencionado dictamen y a cuyos términos se remite por razones de brevedad”.  

Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso de apelación y revocar la resolución de fecha 24 de agosto de 2.007.

En consecuencia, se declara oponible a la masa de acreedores, la adquisición a título oneroso y de buena fe del bien descripto en la escritura pública nº 7 celebrada el 7 de febrero de 2.006 por parte de Roberto Domandl, en virtud de lo dispuesto por el art. 1051 último párrafo del Código Civil.

Las costas se imponen a la apelada vencida.

Los honorarios del Dr. Roberto Domandl se regulan en la suma de $ 2.000, más I.V.A. si correspondiere. En caso de mora, devengarán intereses según promedio de la tasa pasiva que publica el B.C.R.A. (Comunicado 14.290) (art. 287 LCQ, arts. 6, 26 y 11 ley 1687).

Por ello, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy:

                      

RESUELVE:

1) Hacer lugar al recurso de apelación y revocar la    resolución de fecha 24 de agosto de 2.007 (fs. 917/922).

2) Declarar oponible a la masa de acreedores, la adquisición a título oneroso y de buena fe del bien descripto en la escritura pública nº 7 celebrada el 7 de febrero de 2.006 por parte de Roberto Domandl, en virtud de lo dispuesto por el art. 1051 último párrafo del Código Civil.

3) Imponer las costas a la apelada vencida.

4)     Regular los honorarios del Dr. Roberto Domandl  en la suma de $ 2.000, más I.V.A. si correspondiere. En caso de mora, devengarán intereses según promedio de la tasa pasiva que publica el B.C.R.A. (Comunicado 14.290) (art. 287 LCQ, arts. 6, 26 y 11 ley 1687).

5)     Registrar, agregar copia en autos y notificar.